Cuatro años después de que el Tribunal Supremo ratificase una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordenaba el desmantelamiento de los depósitos de Ferrazo, los polémicos tanques de hidrocarburos vuelven a la primera línea de la actualidad. Y es que la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente, habría iniciado hace unos ocho meses los trámites para dar por aprobado la declaración de impacto ambiental y, por lo tanto, legalizar unos tanques duramente criticados tanto por la sociedad civil como por diferentes colectivos ecologistas de la Ría de Arousa.
De llevarse a cabo esta aprobación los tanques de hidrocarburos serían legalizados a espaldas, y de forma paralela, a la orden sentenciada desde el máximo organismo judicial del Estado, el Tribunal Supremo.

Cabe destacar que en el año 1999, fecha en la que se dio el visto bueno a la ejecución de los polémicos depósitos, la Xunta de Galicia presidida en aquel momento por Manuel Fraga Iribarne pasó por alto la ejecución de la declaración ambiental. Este asunto derivó en un largo proceso judicial promovido por la Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa (PDRA) que representa no solo a colectivos ecologistas, sino también a cofradías, asociaciones de bateeiros e incluso vecinales de todos los ayuntamientos arousanos.

La primera consecuencia del litigio judicial fue una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el año 2006 que daba la razón a la PDRA y que obligaba a desmantelar los tanques de hidrocarburos y dejar el lugar y su entorno tal y como estaba antes de la ejecución de las grandes estructuras.

Esta decisión de la Xunta, que fue comunicada hace ya unos meses a los colectivos ecologistas (entre ellos la PDRA), ha caído como un jarro de agua fría entre aquellos que siempre han luchado porque los depósitos sean desmantelados, tanto en la calle como en los juzgados.

El presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, explicaba ayer que este nuevo paso de la Xunta es “unha auténtica vergoña porque ese tipo de declaracións hai que facelas antes de que a obra sexa executada e non despois”.

Y es que lo que tienen claro los ecologistas es que la Xunta no puede “autoproclamarse como órgano ambiental cando non o fixo ao principio”, según refirió Rubido.

Según los ecologistas, la Xunta de Galicia entiende al retomar estos trámites que el fallo del Tribunal Supremo solo anula la prestación de servicios a terceros por parte de Finsa y Foresa y que las dos, en estos momentos, no ejecutan este tipo de prestación.

La PDRA dice que la Xunta pretende que en este proceso participen todos los colectivos y también el ayuntamiento vilagarciano actualmente presidido por el PP. Cuando el pleno municipal dio el visto bueno a los depósitos en 1999, el alcalde era socialista.

FUENTE: DIARIO DE AROUSA